La Ley del Suelo en España y Madrid: Marco Jurídico Fundamental del Derecho Urbanístico

Marco Antonio Ayuso Sánchez • 30 de julio de 2025

En el ejercicio profesional del derecho urbanístico, comprender el marco normativo que regula el suelo constituye una competencia fundamental e ineludible. La ley del suelo de España y su desarrollo autonómico a través de la ley del suelo comunidad de Madrid configuran el sistema jurídico sobre el que se sustenta toda la actividad urbanística y territorial de nuestro país.


Como abogados especializados en urbanismo, debemos dominar esta compleja arquitectura normativa que establece los derechos y deberes de los propietarios del suelo, regula los procesos de transformación urbanística y define las competencias administrativas en materia territorial. La correcta interpretación y aplicación de estas normas resulta esencial para el asesoramiento jurídico especializado y la defensa efectiva de los intereses de nuestros clientes.


El Marco Normativo Estatal: La Ley del Suelo de España


La ley del suelo de España ha experimentado una evolución normativa constante desde la primera ley promulgada en 1956. El actual marco jurídico estatal se articula a través del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.


Consultar el texto completo de la Ley de Suelo estatal (BOE)


Esta norma representa la culminación de un proceso de refundición normativa que integra dos instrumentos jurídicos fundamentales: la anterior Ley de Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008) y determinados preceptos de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El objetivo principal de esta refundición fue "aclarar, regularizar y armonizar" la legislación estatal en materia de suelo.


Principios Fundamentales de la Legislación Estatal


La ley del suelo de España establece los principios rectores del ordenamiento urbanístico español:


Desarrollo Territorial Sostenible:

La norma consagra el principio de sostenibilidad como eje vertebrador de la política territorial, exigiendo la integración de consideraciones ambientales, sociales y económicas en los procesos de ordenación.


Distribución Equitativa de Beneficios y Cargas:

Se establece un sistema de equidistribución que garantiza que los beneficios derivados del planeamiento urbanístico se repartan de manera justa entre los propietarios afectados.


Función Social de la Propiedad:

La legislación configura el derecho de propiedad del suelo con una marcada función social, estableciendo deberes y cargas urbanísticas que deben cumplir los propietarios.

Clasificación del Suelo en la Normativa Estatal


La ley del suelo Madrid y la normativa estatal establecen una clasificación básica del suelo que diferencia entre:


  • Suelo en Situación Rural: Aquel que requiere transformación urbanística para su incorporación al proceso urbano.
  • Suelo en Situación de Urbanizado: El que cuenta ya con servicios urbanísticos o puede incorporarse al proceso edificatorio de forma inmediata.


Esta clasificación básica debe ser desarrollada por las comunidades autónomas en sus respectivas legislaciones sectoriales.


La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid


Marco Normativo Autonómico


La ley del suelo comunidad de Madrid se articula fundamentalmente a través de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que ha sido objeto de múltiples modificaciones para adaptarse a las cambiantes necesidades sociales y económicas de la región.


Acceder a la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid (BOE)


En el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de urbanismo reconocida por el Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1983), la Comunidad de Madrid ha desarrollado un marco normativo propio que complementa y desarrolla la legislación básica estatal.


Recientes Modificaciones Legislativas


La Ley 3/2024: Impulso a la Vivienda Protegida


La ley suelo Madrid experimentó una importante actualización con la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Esta norma introdujo modificaciones significativas orientadas a:


Consultar la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas (BOE)


  • Flexibilización de usos del suelo: Facilitando la transformación de suelos con uso terciario para la implantación de viviendas sujetas a régimen de protección pública.
  • Reducción de cargas urbanísticas: Eliminando trabas burocráticas innecesarias en los procesos de promoción de vivienda protegida.
  • Agilización de procedimientos: Simplificando los trámites administrativos para acelerar la puesta en el mercado de vivienda asequible.


La Ley 7/2024: Desarrollo Equilibrado y Sostenibilidad


La más reciente modificación de la ley del suelo de la comunidad de Madrid se materializó a través de la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2024.


Ver información oficial sobre la Ley 7/2024 (Comunidad de Madrid)


Esta reforma introduce cambios de gran calado que afectan aspectos fundamentales del régimen urbanístico:


Ampliación de Plazos de Disciplina Urbanística: Los plazos para el ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística se amplían de 4 a 6 años con carácter general, extendiéndose hasta 15 años en suelo no urbanizable de protección.


Flexibilización en Suelo No Urbanizable: Se permite mayor flexibilidad para actuaciones en suelo no urbanizable de protección, siempre que no estén expresamente prohibidas por el planeamiento.


Mejoras Técnicas: Se resuelven problemas de interpretación y aplicación que habían surgido en la práctica profesional, especialmente en la integración con normativa sectorial.



Infraestructuras Estratégicas: Se facilita la implantación de infraestructuras relacionadas con energía, telecomunicaciones y recursos hídricos.

Clasificación del Suelo en Madrid


La ley suelo comunidad de Madrid establece una clasificación detallada del suelo que desarrolla los principios básicos estatales:


Suelo Urbano:

Dividido en consolidado y no consolidado, según requiera o no actuaciones de urbanización.


Suelo Urbanizable:

Clasificado en sectorizado y no sectorizado, en función de su incorporación al proceso de desarrollo urbano.


Suelo No Urbanizable:

Con dos categorías principales: de protección (por valores ambientales, paisajísticos o patrimoniales) y común.


Competencias y Distribución Normativa


El sistema competencial español en materia urbanística se caracteriza por la atribución a las comunidades autónomas de competencias exclusivas en urbanismo, mientras que el Estado mantiene competencias en determinadas materias que inciden sobre el territorio.


Información sobre competencias en urbanismo (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana)


Esta distribución competencial, consolidada por la doctrina del Tribunal Constitucional, implica que:

  • El Estado establece las bases del régimen jurídico del suelo y los principios generales de sostenibilidad.
  • Las Comunidades Autónomas desarrollan sus propias políticas urbanísticas y territorial.
  • Los Municipios ejercen competencias en planeamiento de desarrollo y gestión urbanística.


Coordinación Normativa y Principio de Jerarquía


La correcta aplicación de la ley del suelo Madrid requiere una interpretación sistemática que tenga en cuenta:


  • La legislación básica estatal como marco de referencia mínimo.
  • Las particularidades del desarrollo autonómico madrileño.
  • La normativa sectorial aplicable (patrimonio, medio ambiente, etc.).
  • El planeamiento municipal vigente.


Implicaciones Prácticas para el Ejercicio Profesional


En el asesoramiento profesional, la ley suelo Madrid proporciona el marco para evaluar:


  • Derechos edificatorios: Determinación de la edificabilidad y usos permitidos según la clasificación del suelo.
  • Deberes urbanísticos: Identificación de cesiones, obras de urbanización y cargas económicas.
  • Procedimientos administrativos: Análisis de los trámites necesarios para la materialización de los proyectos.


Gestión de Procedimientos Sancionadores


Las recientes modificaciones en materia de disciplina urbanística requieren especial atención:


  • Nuevos plazos de prescripción: La ampliación de 4 a 6 años (15 en suelo no urbanizable de protección) afecta directamente a la estrategia defensiva.
  • Procedimientos de restauración: El plazo de caducidad se amplía de 10 meses a 1 año, modificando los tiempos procesales.

 

La ley del suelo de la comunidad de Madrid ofrece nuevas oportunidades tras las reformas de 2024:


  • Proyectos de Actuación Especial: Especialmente para centros de procesamiento de datos en suelo urbanizable no sectorizado.
  • Flexibilización de usos: Nuevas posibilidades para la reconversión de espacios terciarios en residenciales.
  • Agilización procedimental: Reducción de plazos en tramitación de infraestructuras estratégicas.


Nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en Preparación


La Comunidad de Madrid trabaja actualmente en la redacción de una nueva ley suelo Madrid integral que pretende modernizar completamente el marco normativo autonómico. Esta futura norma busca:


Seguir las novedades sobre la nueva Ley del Suelo (Portal de la Comunidad de Madrid)


  • Mayor autonomía municipal en la ordenación detallada.
  • Flexibilización de usos para promover la actividad económica.
  • Simplificación procedimental para agilizar el desarrollo urbanístico.
  • Integración de criterios de sostenibilidad más exigentes.


Retos Normativos


Los principales desafíos que debe afrontar la futura legislación madrileña incluyen:


  • Crisis de vivienda: Necesidad de aumentar la oferta residencial a precios asequibles.
  • Sostenibilidad ambiental: Integración de criterios de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.
  • Transformación digital: Adaptación a las nuevas necesidades tecnológicas y de telecomunicaciones.
  • Equilibrio territorial: Coordinación entre el crecimiento urbano y la protección del medio rural.


Consideraciones Prácticas para Profesionales


Para el correcto análisis de cualquier cuestión urbanística que involucre la ley del suelo de España y la normativa madrileña, recomendamos seguir una metodología sistemática:


  1. Identificación del régimen aplicable: Determinación de la clasificación del suelo y normativa específica.
  2. Análisis competencial: Verificación de las competencias administrativas implicadas.
  3. Estudio de antecedentes: Revisión del planeamiento vigente y sus modificaciones.
  4. Evaluación de derechos y deberes: Análisis detallado del contenido urbanístico del derecho de propiedad.
  5. Identificación de procedimientos: Determinación de los trámites administrativos necesarios.


Actualización Normativa Continua


Dada la constante evolución de la ley suelo comunidad de Madrid, resulta imprescindible mantener actualización permanente sobre:


Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid - Urbanismo


  • Modificaciones legislativas y reglamentarias.
  • Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
  • Criterios interpretativos de la administración autonómica.
  • Doctrina administrativa consolidada.


Sistema de Información Urbana del Ministerio (SIU)

 

La ley del suelo de España y su desarrollo autonómico a través de la ley del suelo Madrid constituyen mucho más que un mero marco regulatorio técnico. Representan instrumentos fundamentales de política pública orientados a garantizar el derecho constitucional a la vivienda, promover el desarrollo económico sostenible y ordenar racionalmente el territorio.


Para los profesionales del derecho urbanístico, el dominio de este marco normativo resulta esencial no solo para el ejercicio técnico de la profesión, sino también para contribuir eficazmente a los objetivos de transformación social que inspiran estas normas. La correcta interpretación y aplicación de la ley suelo Madrid permite canalizar las legítimas aspiraciones de desarrollo económico y residencial dentro de un marco de seguridad jurídica y sostenibilidad ambiental.


Las recientes modificaciones introducidas por las Leyes 3/2024 y 7/2024 evidencian el compromiso del legislador autonómico con la adaptación normativa a las nuevas realidades sociales y económicas. La flexibilización de usos, la agilización procedimental y la ampliación de plazos de disciplina urbanística responden a demandas reales del sector y de la ciudadanía.


En este contexto evolutivo, el papel del abogado urbanista trasciende la mera aplicación técnica de la norma para convertirse en actor fundamental en la configuración de un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y socialmente justo. La ley del suelo de la comunidad de Madrid nos ofrece las herramientas jurídicas necesarias; corresponde a nuestra responsabilidad profesional utilizarlas con el rigor técnico y el compromiso social que la materia urbanística exige.


Marco Antonio - Abogado especializado en Derecho Urbanístico


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El proceso de aprobación del nuevo PGOU de Rivas Vaciamadrid: Fases, Normativa y avance 2025

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 27 de junio de 2025
Rivas ha iniciado la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), herramienta clave para definir el modelo territorial del municipio. ➡️

El Silencio Administrativo en las licencias de obra: Garantías y desafíos

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 18 de junio de 2025
1. Introducción El silencio administrativo constituye una de las figuras jurídicas más relevantes en el ámbito del derecho urbanístico , especialmente en lo que respecta a las licencias de obra. Esta institución surge como respuesta a la inactividad de la Administración Pública frente a las solicitudes presentadas por los ciudadanos , estableciendo consecuencias jurídicas ante la falta de resolución expresa dentro de los plazos legalmente establecidos. En el contexto de las licencias urbanísticas, el silencio administrativo adquiere especial relevancia debido a las importantes implicaciones económicas y jurídicas que conlleva la realización de obras y edificaciones 2. Qué es el silencio administrativo El silencio administrativo puede definirse como una técnica jurídica que establece los efectos de la falta de resolución expresa por parte de la Administración dentro del plazo máximo establecido para resolver y notificar. Su fundamento principal radica en la necesidad de proteger al ciudadano frente a la inactividad administrativa, evitando que la pasividad de la Administración pueda perjudicar sus derechos e intereses legítimos. En el ordenamiento jurídico español, el silencio administrativo se configura como una garantía para el administrado, estableciendo que, transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado resolución expresa, se producirán los efectos jurídicos que la ley determine , ya sean estimatorios (silencio administrativo positivo) o desestimatorios (silencio administrativo negativo).  Esta institución responde a principios constitucionales como el de seguridad jurídica y el derecho a una buena administración.

Urbanismo bajo control judicial: Valdemarín y la Reserva de Dispensa

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 15 de mayo de 2025
Unas 1.200 viviendas en el Barrio de Valdemarín quedan en situación urbanística de “fuera de ordenación relativa”

Diferencia entre terreno urbano y urbanizable

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 9 de mayo de 2025
Diferencia entre terreno urbano y urbanizable La correcta clasificación del suelo es uno de los aspectos más importantes a considerar antes de realizar cualquier inversión inmobiliaria. Las diferencias entre terreno urbano y terreno urbanizable no son meros tecnicismos legales, sino que determinan el valor, las posibilidades de uso y las obligaciones fiscales asociadas a cada propiedad. En este artículo, analizaremos las características fundamentales de cada tipo de suelo, sus implicaciones legales y económicas, y las consideraciones que debes tener en cuenta si estás pensando en adquirir una propiedad. Terreno urbano: Características y ventajas Un terreno urbano es aquel que ya forma parte de la ciudad consolidada y cuenta con todos los servicios básicos de urbanización: Acceso rodado pavimentado Suministro de agua potable Red de saneamiento Suministro eléctrico Alumbrado público Estos terrenos se caracterizan por su inmediata edificabilidad, siempre que se cumplan las ordenanzas municipales establecidas por el ayuntamiento . Este es precisamente su mayor atractivo: la posibilidad de construir sin necesidad de desarrollar planes urbanísticos adicionales. Tipos de terrenos urbanos Dentro de la categoría de terrenos urbanos encontramos una distinción importante: Terreno urbano consolidado : Completamente integrado en la trama urbana, con todos los servicios operativos. Terreno urbano no consolidado : Requiere alguna actuación adicional de urbanización, como apertura de nuevas calles o refuerzo de infraestructuras. Los terrenos urbanos en venta suelen alcanzar precios más elevados precisamente por esta capacidad de aprovechamiento inmediato, lo que los convierte en opciones atractivas tanto para particulares como para promotores inmobiliarios.
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¿Pueden existir suelos sin Normativa Urbanística que le sea de aplicación?

23 de abril de 2025
Descubre si pueden existir suelos sin normativa urbanística aplicable, qué implicaciones legales tiene y en qué casos podría suceder. ➡️
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La vivienda y las normas europeas de eficiencia.

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 20 de agosto de 2024
Según datos del Observatorio del Alquiler y la Sociedad de Tasación, el 80% de las viviendas españolas presentan una calificación energética deficiente (E, F o G), muy por debajo de los estándares europeos. Este panorama exige una respuesta rápida para cumplir con las nuevas normativas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.

Barcelona y su decisión sobre los pisos turísticos

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 23 de junio de 2024
Barcelona eliminará los 10.000 pisos turísticos de la ciudad. Es la noticia de la semana en cuanto a vivienda y habla de la regulación de los pisos turísticos y, en concreto, de la intención del Ayuntamiento de Barcelona de no conceder más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y no renovar las existentes para que en menos de cinco años, los 10.101 pisos turísticos registrados actualmente en la ciudad pierdan esa condición. La norma, convalidada en el Parlament en diciembre, establece un máximo de cinco años para la validez de las licencias y deja en manos de los ayuntamientos su renovación, que debe estar sujeta a la modificación de los planeamientos urbanísticos para incluir, de forma expresa, la posibilidad de acoger apartamentos para turistas justificando que hay suficiente suelo para vivienda de uso permanente o residencial. Más info y fuente: El Mundo 

La mediación en los procesos contenciosos

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 30 de mayo de 2024
La mediación, como método alternativo a la solución de conflictos, es plenamente aplicable al ámbito contencioso, lo que podrá agilizar los procesos judiciales y disminuir los costes económicos. La mediación como método alternativo a la solución de conflictos se encuentra recogida en Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por la cual se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.  Pocos profesionales del ámbito jurídico son conscientes de la utilización de la mediación en el ámbito contencioso- administrativo. Un claro de ejemplo de sus posibilidades es el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 3/2019 de 8 de febrero de 2019 (Nº Resolución 76/2019), por el cual se homologan los acuerdos alcanzados por las partes para la ejecución de la sentencia de demolición del antiguo edificio de Unión Fenosa en A Coruña. Es más, el Consejo General del Poder Judicial emitió en el año 2016 una “Guía Práctica de la Mediación Intrajudicial” estableciéndose un protocolo de mediación en los procedimientos contencioso- administrativo basado en los principios de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad, bilatariedad y flexibilidad. – Experiencia piloto en la Comunidad de Madrid De hecho, en el ámbito de la Comunidad de Madrid el 20 de junio de 2017 se celebró un Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y Colegio de Abogados de Madrid para aplicar la mediación en el ámbito de los conflictos con la Administración Pública, lo que dio lugar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordara un Protocolo que ponía en marcha éste proyecto piloto. En el punto VI del Protocolo, denominado “Infraestructura organizativa de la mediación conectada a los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid” recoge, de forma enunciativa, las materias y los supuestos que pueden ser objeto de mediación, distinguiendo entre el ámbito meramente formal, material y los tipos de asuntos. Dentro del ámbito material hay que destacar los siguientes supuestos: La fijación de la cuantía de indemnizaciones, justiprecios, compensaciones o rescates. Legislación urbanística, medio ambiente y ordenación del territorio, así como la concreción de magnitudes, parámetros y estándares en la aplicación de dicha legislación. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. La inactividad de la administración, la vía de hecho y el silencio administrativo. La ejecución de medidas en la potestad disciplinaria y sancionadora de la Administración. Ejecución de sentencias. – Procedimiento de mediación en la jurisdicción contenciosa En la jurisdicción contenciosa- administrativa, el momento procesal para acudir a la mediación, en los Procedimientos Ordinarios será al admitir a trámite el recurso o la demanda, o en cualquier momento anterior a la declaración del pleito concluso para sentencia; en fase apelación, podrá ser en cualquier momento anterior al señalamiento para votación y fallo; y en fase ejecución de sentencia, en cualquier momento del procedimiento. La derivación de los asuntos a mediación podrá hacerse de oficio por los órganos judiciales, o a instancia de cualquiera de las partes, o de común acuerdo entre ellas. En todo caso, la derivación se hará por resolución motivada del Magistrado-Juez competente para el conocimiento del asunto, debiendo explicar brevemente en qué consiste la mediación, pudiendo advertir a las partes que la falta de asistencia injustificada de las partes a la sesión informativa podría considerarse contraria a la buena fe procesal. Señalar que el inicio de un proceso de mediación no implica la suspensión del procedimiento judicial, salvo que todas las partes personadas lo solicitasen de conformidad a lo establecido en el artículo 77.2 de la LJCA. Finalmente, si se llega a un acuerdo, total o parcial, se levantará un acta que contendrá los acuerdos y que será firmada por las partes y por el mediador una vez haya sido revisado su contenido por los abogados de cada una de ellas. Los acuerdos alcanzados se pondrán en conocimiento del órgano judicial, el cual deberá homologarlos, siempre que no fueran contrarios al ordenamiento jurídico ni lesivos del interés público o de terceros. En los casos en que la Administración precise de la autorización oportuna, el acuerdo tendrá carácter provisional y quedará condicionado a la correspondiente autorización. Para el supuesto, que la mediación no pueda llevarse a cabo por cualquier motivo, o bien termine sin acuerdo, se comunicará por el mediador al órgano judicial, respetando la confidencialidad de todo lo tratado. Por último, señalar que el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a utilizar la mediación como método a la solución de conflictos, creando la Unidad de Mediación Administrativa con el “objetivo de que los procedimientos administrativos puedan finalizar a través de un pacto o acuerdo entre la administración y la ciudadanía”. – Conclusión Considero que, por parte de los profesionales del Derecho que tratamos en nuestro día a día con la Administración Pública, no debemos obviar la mediación como instrumento de resolución de conflictos en los procesos contencioso- administrativo, ya que nos permitiría agilizar la tramitación de los mismos, lo que redundará en beneficio, tanto en tiempo como en costes económicos, para la Administración y los Administrados.

Índice de referencia de precios del alquiler

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 15 de marzo de 2024
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado el Índice de Precios de Referencia, que entrará en vigor mañana. El Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) -comúnmente conocido como Índice de Precios de Referencia- es una base de datos pública de contratos de alquiler, creada y actualizada periódicamente con diferentes fuentes de información estatales, autonómicas y locales. Ofrece información a los arrendadores y arrendatarios, a modo de referencia y a título orientativo, para la fijación del precio del alquiler en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda. También permite que las administraciones públicas puedan realizar un adecuado seguimiento y evaluación de las políticas impulsadas en materia de vivienda en un territorio determinado. El Índice no facilita un único precio de referencia, sino una horquilla de precios entre la que debería oscilar el mercado para una vivienda en una zona especificada y con unas características determinadas. Además de su carácter informativo, el Índice marcará el límite de los precios del alquiler en aquellas zonas que se declaren tensionadas. En estas, los propietarios tendrán que limitar los precios, aunque los efectos dependerán de factores como el tipo de arrendador o el alquiler previo de la vivienda. SISTEMA ESTATAL DE REFERENCIA DEL PRECIO DEL ALQUILER Más info y fuente: LA MONCLOA

Si quieres saber algo más, conócenos

Por Marco Antonio Ayuso Sánchez • 25 de enero de 2024
Abogado especialista en derecho privado inmobiliario. Auditorias de riesgos, reclamación de defectos constructivos, negociación y redacción de contratos civiles, resolución de problemas en el registro de la propiedad. Especialista en derecho público urbanístico. Desarrollo urbanístico, implementación de usos en suelo urbano y rústico, disciplina urbanística, asesoramiento a entidades locales.